miércoles, 30 de mayo de 2012

BNF y UNA contrataron por $ 4,1 millones a vinculados con Vialmesa

Aunque es de tres pisos, su casa no llama la atención en la Cooperativa Unidad Nacional de la populosa ciudadela La Florida, al noroeste de Guayaquil. Los bloques están a la vista, las ventanas solo tienen rejas y al pie de una ellas lucen algunos maceteros con plantas. Por la noche, la acera al pie del garaje se convierte en un puesto de venta de comida para los transeúntes y vecinos.

Ahí vive el chofer de José Alvarado Echeverría, de 24 años de edad, hijo de Fernando Alvarado, el secretario nacional de Comunicación.

Se trata de Camilo Jalca Villegas, manabita de 44 años, uno de los tres socios fundadores de Vialmesa S.A., la empresa que ha acaparado todos los contratos de transporte que la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA) ha publicado en el portal de Compras Públicas desde noviembre del 2010 hasta el 16 de mayo del 2012, por un valor total de $ 3,3 millones.

De acuerdo con las declaraciones de impuesto a la renta que están en el portal del Servicio de Rentas Internas (SRI), Jalca Villegas ha trabajado desde el año 2008 en la empresa Edecer S.A., que pertenece a José Francisco y Fernando Andrés Alvarado Echeverría, hijos de Fernando Alvarado y Betty Echeverría Morla.

Los hermanos Alvarado Echeverría así como su madre y su abuela, Olinda Morla de Echeverría, también han laborado para Edecer. José Francisco es su gerente y representante legal. 

Creada en junio de 2008, Edecer se dedica a la publicidad, pero el 1 de diciembre del 2011 matriculó un tráiler Mack del 1988. La Superintendencia de Compañías la declaró en inactividad en febrero pasado.

Reportes de esa compañía al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social señalan que el sueldo mensual de Jalca Villegas fue de $ 278 en enero del 2009 y $ 352 en enero del 2011.

Jalca aparece como el accionista mayoritario en el acta de constitución de Vialmesa, fechada el 15 de marzo del 2010, con $ 272 en acciones. Le siguen Luis Villavicencio Segovia y Carlos Antonio Mendoza Fernández, con $ 264 cada uno. En total $ 800. 

Jalca actuó como secretario de la junta de accionistas de Vialmesa que designó a Villavicencio como el gerente. En agosto del 2010 vendió sus acciones a Villavicencio. Para ese entonces, la empresa ya contaba con un tráiler Kenworth del 2011, valorado en $ 140.000.

Ahora, la compañía tiene un capital de $ 140.000. Y en un año ha acumulado 18 tráileres de primera mano. El valor de esta flota, según las matrículas, asciende a $ 1,9 millones.

Jalca dio una entrevista a EL UNIVERSO en su casa, la noche del 10 de abril pasado. Cuando se le preguntó sobre la constitución de Vialmesa señaló: “Yo no le puedo decir mayor detalle ni el mínimo. Yo no tengo nada que decir. ¿Qué le voy a decir? Que la empresa se creó así, no sé”.

Luego relató que es el chofer personal de José Alvarado Echeverría, que conoce a la familia Alvarado desde muchos años al igual que a sus ex socios y que Martín Echeverría Morla, cuñado de Fernando Alvarado Espinel, también tiene vínculos con Vialmesa.

Este Diario había visitado la mañana de ese mismo día los patios de Vialmesa, ubicados a la altura del km 25 de la av Perimetral de Guayaquil y que alquila a la Cooperativa de Transporte Pesado de Carga “Dídimo Arteaga Vera”.

Ahí estaba Martín Echeverría Morla, arreglando su cabezal Kenworth amarillo, de placas GLE-549, matriculado a nombre de Eculinexpo, una exportadora de madera de la que fue accionista hasta el 2010, pues ahora tiene como socios a dos ciudadanos de la India.

Se le preguntó a Echeverría por su sobrino José Francisco, y como este no se encontraba en los patios, Echeverría lo llamó desde su celular. Mientras esperaba en la línea y consultado acerca de la relación entre José Francisco Alvarado y Vialmesa, Echeverría dijo que este tenía acciones en los camiones de la compañía. 

Tras saludar con su sobrino, pasó su celular al periodista de este Diario, quien le explicó que EL UNIVERSO preparaba un reportaje acerca de los contratos públicos con Vialmesa y quería entrevistarlo. 

Alvarado Echeverría negó que él tuviera acciones sobre esos camiones, dijo que su tío tiene un camión en esa empresa y negó la entrevista.

Echeverría Morla indicó entonces que él no podía dar declaraciones pues solo da mantenimiento a los vehículos de Vialmesa y que se debía conversar con el gerente de la compañía, Luis Villavicencio.

Relaciones más profundas

No obstante, las relaciones entre Echeverría Morla y Vialmesa son más profundas. 

Su esposa Mercedes Coto Randich trabaja para esta empresa y su hija Alejandra Echeverría Coto también lo hizo por algunos meses en el 2011. Coto incluso aparece en un aviso de Vialmesa en la revista de la Cámara de Comercio de Guayaquil de agosto del 2011, con una dirección de correo electrónico de esa compañía.

EL UNIVERSO le envío el pasado 14 de mayo un mail a su correo personal, incluido en una cotización de su esposo para el Programa de Provisión de Alimentos, con miras a mantener una entrevista con ella y con su cónyuge, y su respuesta fue que enviaría una carta al Diario; la misma que llegó al día siguiente. 

En esta misiva Coto se pregunta “¿Por qué ciudadanos comunes y corrientes, que estamos en actividades privadas, en mi caso, con relación de dependencia, tendríamos que darle una entrevista a un medio de comunicación? ¿Para qué? No entiendo”.

Y añade que “sobre el servicio que prestó mi esposo al Banco Nacional de Fomento, creo que debería dar alguna explicación, solo en caso que hubiera faltado a su contrato”.

En efecto, Echeverría mantuvo contratos de transporte con el BNF, al igual que Mendoza. Lo adjudicado a ambos asciende a $ 3,4 millones. 

Asimismo, la UNA contrató varias veces a Mendoza por un total de $ 627 mil. Todo ello ocurrió antes de que se cree Vialmesa.

LOS CONTRATOS ANTERIORES

El 29 de abril del 2009, el entonces gerente del Banco de Fomento, Edgardo Mármol Aguirre, abrió el primer proceso registrado en el portal de Compras Públicas para contratar la distribución de 330.000 quintales de úrea a un precio referencial de $ 400.000. 

Al día siguiente inició el segundo para transportar 40.000 toneladas métricas (t) de arroz hacia la Sierra con un precio referencial de $ 1'320.000.


Echeverría Morla y Carlos Mendoza Fernández (que luego se convirtió en socio de Vialmesa) participaron en esas dos subastas inversas y sus propuestas fueron las únicas calificadas para participar en las pujas. Ambas se desarrollaron el 7 de mayo del 2009, a las 10:00 y a las 12:00.

Echeverría Morla ganó la primera subasta por sobre Mendoza, que terminó en $ 395.900, por lo que el 22 de mayo firmó el contrato con Mármol Aguirre. En este documento, el contratista registró el correo electrónico de su sobrino José Francisco Alvarado.

La segunda subasta, en cambio, Mendoza Fernández superó a Echeverría con una oferta final de $ 1'315.918. En los anexos a la declaración de impuestos de Mendoza consta que cobró $ 86.241,80 de Echeverría en el 2009.

En julio de ese año, Echeverría presentó una oferta al Programa de Provisión de Alimentos, del Ministerio e Inclusión Económica (MIES), en busca de un contrato que le fue negado. En esta, Luis Villavicencio Segovia (actual socio y gerente de Vialmesa) consta como chofer de un vehículo ofertado.

En esa propuesta también aparece el correo electrónico de su esposa Mercedes Coto, con dirección la oficina 120 del Centro Comercial Albán Borja (al norte de Guayaquil). En ese local está un letrero de la empresa M2 Proyectos y Negocios, que es el nombre comercial del Registro Único de Contribuyentes (RUC) de Luis Monge Espinel, primo los Alvarado Espinel y quien también ha sido funcionario de este Gobierno.

En esa oficina también funcionó la empresa Axis Consultores de Imagen/Comunicación (Ilmyzac S.A.), que ahora está en la ciudadela Sagrada Familia. Hasta junio del 2010, su gerente fue Leonidas Villagrán Cepeda, del estudio jurídico Villagrán Lara.

Desde la subasta de mayo del 2009, Carlos Mendoza recibió contratos BNF de manera directa. Este Diario accedió a siete contratos y un convenio de pago firmados entre agosto del 2009 y abril del 2010, mediante los cuales Mendoza se encargó del transporte pesado del BNF. Cobró un total de $ 1’793.446,27 por esos servicios.

Esos procesos no están colgados en el portal de Compras Públicas. EL UNIVERSO presentó un recurso de acceso a la información a la gerente general del BNF, Ana María Juez Ramos, el pasado 5 de abril. La gerente administrativa encargada del BNF, Jenny Fernández Carpio, envió una carpeta con documentos el 24 de mayo pasado, pero estos no corresponden a lo solicitado (ver recuadro).

Los contratos a Mendoza fueron adjudicados directamente con base a cinco emergencias, cuatro declaradas por el entonces ministro de Agricultura, Ramón Espinel, y una por el entonces gerente general del BNF, Roberto Barriga Ayala. El convenio de pago, en cambio, indica que este corresponde a un servicio “emergente” que Mendoza brindó sin contrato.

Ya en agosto del 2009, Camilo Jalca, Luis Villavicencio y Carlos Mendoza reservaron el nombre de Vialmesa en la Superintendencia de Compañías; pero solo el 15 de marzo del año siguiente registraron ante un notario la creación de la compañía. Contaban con un informe favorable para la constitución de la empresa, emitido en febrero del 2010 por el entonces director de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), Ricardo Antón Khairalla.

Tres semanas después, el 5 de abril de ese mismo año, José Alvarado Echeverría abrió un RUC, cuya actividad es la de “transporte de carga por carretera”. Y cuatro días más tarde, el 9 de abril, Vialmesa obtuvo su registro de constitución en la Superintendencia.

Mientras los empresarios hacían los trámites de constitución, Barriga Ayala, entonces gerente del BNF, modificó dos contratos suscritos con Mendoza Fernández extendiendo el plazo de entrega, cambiando los objetos de los contratos y aumentando los montos. Esta práctica está prohibida por ley, según indicó Víctor Cruz, asesor del Instituto Nacional de Compras Públicas, en un taller dado la semana pasada.

En 4 de agosto del 2010, Jalca vendió sus acciones a Villavicencio. Días después, Vialmesa registró su página web www.vialmesa.com. Ese dominio está a nombre de la empresa Engitech, ubicada en el mismo edificio de Arkae, compañía de Humberto Alvarado Espinel, en el centro comercial La Tienda Dos (frente al Albán Borja). No obstante, estas firmas no tienen relación accionaria.

El 18 de octubre del mismo año, Antón otorgó el permiso de operación a Vialmesa. Al día siguiente, por un acuerdo emitido por Ramón Espinel, la UNA abrió su primera subasta inversa en el portal de Compras Públicas. Vialmesa presentó su oferta, fue la única concursante y ganó.

Desde entonces, Vialmesa ha acaparado todas las subastas inversas de la UNA y ha ganado $ 3,3 millones en contratos.

Carlos Antonio Mendoza tampoco quiso hablar con EL UNIVERSO, recordando que la posición de Vialmesa ya había sido dada por su gerente, Luis Villavicencio, quien se negó a dar una entrevista y pidió que las preguntas se le envíen por escrito. En una misiva, Villavicencio señaló: “No vamos a abordar nada que pudiese caer en la figura de la especulación o en el ámbito personal”.

En Vialmesa confirmaron vía telefónica que José Alvarado Echeverría había trabajado allí hasta el año pasado. Relación que no ha sido aceptada ni desmentida por Alvarado.

El pasado 14 de mayo, este Diario le insistió para tener una entrevista enviándole un correo electrónico a la dirección que su tío había incluido en el primer contrato con el BNF. Se le indicó que la entrevista trataría sobre los contratos entre la UNA y Vialmesa, que su tío había señalado que tenía acciones en los vehículos de la empresa y que su chofer Camilo Jalca había sido accionista fundador de esa compañía.

La respuesta llegó poco después y con copia al mail de su padre, el secretario nacional de Comunicación. Decía: “Quiero comentarles que observando el tratamiento que su Diario le ha dado al gobierno del Presidente Correa y en especial a mi padre, lo que menos puedo hacer es confiar en ustedes.

“Si mi tío les hubiese dado esa versión, que lo dudo, está en total desconocimiento, más me parece una intención de ustedes de lograr algún tipo de afirmación, ya que no es difícil para un periodista revisar la constitución de una compañía.

“Donde yo haya trabajado de manera privada y haya cumplido mi labor profesional, no tengo que dar explicaciones a nadie...

“Estoy copiando este correo a mi padre, porque estoy seguro que ustedes tratarán de generar suspicacias, intenciones claramente detectables en sus preguntas”.

Días después llegó a la oficina de EL UNIVERSO, en Quito, un sobre manila en el que se leía, a manera de remitente “G. Tassi” y debajo el número de celular de Giovanna Tassi, directora de la Radio Pública, de cuyo directorio Fernando Alvarado Espinel es miembro.

El sobre contenía una carta manuscrita firmada por “Giovanna”, sin fecha, y en la que anexaba una documentación que, según indicaba la misiva, “la conseguí porque hablé con el Dr. (Fernando) Alvarado y él me la proporcionó”.

Se trata de un acta de requerimiento, notarizada el 2 de agosto del 2011, que realiza el abogado Hugo Aníbal Cisneros Navarro citando a Nicolás Pérez, para que explique uno de sus tuits que hace relación a “F. Alvarado”. Sin embargo, este pedido nunca fue notificado a Pérez, pese a que han pasado más de nueve meses.

Cisneros es abogado del estudio Villagrán Lara, otro de cuyos integrantes, Héctor Villagrán Cepeda fue ministro de Obras Públicas de este Gobierno y es el actual jefe de la oficina comercial en Beijing (China). 

Su hermano Leonidas Villagrán fue gerente general de Axis (Ilmyzac) y hasta noviembre del 2011 constaba como accionista de esa empresa.

En el acta, Cisneros advierte a Pérez, actual presidente de C.A. EL UNIVERSO, que “el incumplimiento o la omisión a su requerimiento dará inicio a las acciones legales pertinentes”.

SOCIOS

Camilo Jalca Villegas

Manabita de 44 años, Camilo Jalca Villegas, dice que conoce a la familia Alvarado desde hace más de 20 años pues ha trabajado para Humberto Alvarado Espinel, haciendo trabajos de arquitectura, antes de ingresar a Edecer para ser el chofer de José Francisco Alvarado Echeverría.

Comenzó a pagar Impuesto a la Renta desde el 2008 y como empleado de Edecer. No tiene Registro Único de Contribuyentes y no registra título universitario.

Fue socio fundador de Vialmesa S.A. en marzo del 2010, con un capital de $ 272, de un total de $ 800. Vendió sus acciones a Luis Villavicencio Segovia, en agosto del 2010. Para ese entonces la compañía ya tenía un cabezal Kenworth del 2011, avaluados en $ 140.000, según la matrícula.
 
Luis Villavicencio Segovia

Luis Villavicencio es oriundo de Manabí y acaba de cumplir 39 años. No registra título universitario. 

En el 2006 abrió su Registro Único de Contribuyentes (RUC) para la venta de productos agrícolas pero, según la web del SRI, comenzó a pagar Impuesto a la Renta en el 2008, con un valor de cero. 

En el 2009 tributó $ 98,33; en el 2010, $ 11.681,88 y en el año 2011, $ 3.041,35.

Según el registro de la Comisión de Tránsito del Ecuador ha matriculado cuatro carros nuevos en los últimos dos años: un tráiler, un jeep y dos camionetas.

Su nombre consta como chofer de un cabezal al servicio de Martín Echeverría Morla, en una oferta que este hizo para el Programa de Provisión de Alimentos, en julio del 2009.

Carlos Mendoza Fernández

Obtuvo su RUC en 1992 y lo actualizó en septiembre del 2010, con actividad de cultivo de arroz. La anterior era transporte de carga por carretera.

Tiene dos locales abiertos, uno en Portoviejo y otro en Guayaquil, en la sede de Vialmesa. Un tercero llamado “Gas Guayas”, ya está cerrado.

Manabita, de 41 años, es hermano de la vicealcaldesa de Portoviejo, Verónica Monserrate.

Su pago de Impuesto a la Renta fue de cero en el 2011 como empleado de Vialmesa; mientras que en el 2010 llegó a $43.392,26; en el 2009, $33.948,90; en el 2008, cero; en el 2007, $6.025,36, y entre el 2006 y 2003, cero.

Tiene cuatro cabezales: dos Kenworth del 2011, otro del 1984 y un Freightliner del 1987.




Diario El Universo de Guayaquil

María Augusta Calle será investigada por denuncias de supuestos vínculos con las FARC.




María Augusta Calle

La Fiscalía inició indagaciones contra la asambleísta, María Augusta Calle y ex candidato
presidencial, Marcelo Larrea, quienes, según el Gobierno colombiano, mantenían vínculos con
las FARC.
La asambleísta de Acuerdo PAIS, María Augusta Calle recibió el respaldo de la mayoría de
asambleístas. El Fiscal General de la Nación, Washington Pesantez dijo que posiblemente
llamará a declarar al ministro de Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea, hermano del ex
candidato presidencial, Ivan Larrea quien es investigado por supuestos vínculos con las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por pedido de las autoridades
colombianas.
Según del Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, Ivan Larrea y María Augusta Calle son
mencionados en los computadores del líder guerrillero, Raúl Reyes, hallados en el
campamento de las FARC, que fue destruido por el ejército colombiano en territorio del
Ecuador.
Pesantez indicó que la investigación se inicia acogiendo el pedido de su homólogo colombiano
Mario Iguarán, de investigar si existe algún tipo de relación de la asambleísta María Augusta
Calle, del movimiento oficialista y Larrea con las FARC. En consecuencia, ha abierto una
indagación sobre este tema. Las indagaciones se realizan paralelamente por parte de la
Fiscalía General de Colombia.

Jueves, 05 de Junio de 2008 16:35

lunes, 28 de mayo de 2012

Coronel Mario Pazmiño sobre narcoavioneta Cnn

El Ex. Coronel de Inteligencia Ecuatoriana, Mario Pazmiño hace importantes revelaciones sobre la "narcoavioneta" que cayó en Ecuador con 5 millones de dólares provenientes del narcotráfico.


lunes, 21 de mayo de 2012

Orlando Pérez

Orlando Pérez
Otro de las "joyas" de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa: Orlando Pérez, guerrillero, ex Alfaro Vive Carajo.

jueves, 10 de mayo de 2012

Las enuestas tan "fiables" de Santiago Pérez

Santiago Pérez tiene otra vez a cargo los sondeos del régimen

El Gobierno ha vuelto a contratar los servicios de Santiago Pérez, representante de la firma SP Investigaciones y Estudios, casi un año después de que esta publicara un exit poll sobre la consulta popular del 7 de mayo del 2011 con resultados no parecidos a los que en esa noche difundió el Consejo Nacional Electoral (CNE).


El 5 de abril pasado el régimen decidió contratar a SP por $ 65.000 de manera "directa" y "urgente", para que realice un programa de sondeos de opinión ciudadana destinado a la formulación de estrategias de comunicación, información, imagen y publicidad comunicacional del Gobierno.

El objetivo es recoger indicadores de opinión sobre el escenario político, los actores sociales y los medios de comunicación para obtener información sobre las percepciones de la ciudadanía acerca del régimen, y que esta sirva de insumo para los procesos de análisis y gestión política.

El trabajo, según el contrato, se debe realizar en diez meses y prevé encuestas para determinar el grado de apoyo de la gente a los temas de actualidad. También busca conocer cuánto sabe la comunidad de la acción gubernamental.

La Subsecretaría de Imagen Gubernamental de la Presidencia solicita a la firma la realización de encuestas "flash" (al menos cuatro) a nivel nacional, regional y rural.

Estos muestreos deberán tener características como la combinación de preguntas abiertas, semiabiertas, determinación del segmento poblacionario. Y deberán realizarse a ciudadanos mayores de 16 años, con un margen de error de +/- 4%, abarcando el 95% de la población.

La Presidencia esperará la entrega de un producto mensual que deberá contener un informe de los resultados de los sondeos. A la empresa de Pérez se le pagará al mes $ 6.500.

La oferta para este contrato fue publicada en el portal de Compras Públicas el 4 de abril. Se lo adjudicó a Pérez en menos de una hora bajo la modalidad de "publicación especial".

El 7 de mayo del año pasado, Santiago Pérez realizó un exit poll que en general consignaba un 62% al Sí y el 38% al No como resultado del plebiscito propuesto por el presidente de la República, Rafael Correa, quien basado en los datos de Pérez aseguró que obtuvo "una victoria histórica".

Sin embargo, a las 21:00 de aquel día, en medio de la celebración preparada por el régimen, el CNE informaba que según su conteo rápido el apoyo al Sí en las diferentes preguntas alcanzaba entre el 51% y 56%.

Eso provocó que la oposición realizara acusaciones en el plano político y legal contra Pérez, que finalmente no prosperaron. Durante el alejamiento de Pérez con el régimen fuentes oficiales revelaron que los trabajos de sondeos fueron encomendados a la encuestadora Perfiles de Opinión.

La primera de las encuestas que realizó SP tras su alejamiento del régimen fue la presentación de un informe sobre la libertad de expresión a propósito del Día internacional por la Libertad de Prensa que se conmemoró el 3 de mayo. Pérez sostuvo que el 75% de periodistas en Quito y el 59% en Guayaquil creen que sí existe libertad de expresión.

http://www.eluniverso.com/2012/05/07/1/1355/santiago-perez-tiene-otra-vez-cargo-sondeos-regimen.html

miércoles, 2 de mayo de 2012

No declaró bienes por cuatro años

Enrique Arosemena

La revista VANGUARDIA dedicó parte del contenido de sus ediciones 336 y 337 para recoger las denuncias hechas por el asambleísta del MPD Jorge Escala.

En la primera entrega abordó el tema de las supuestas irregularidades en los contratos para la compra de los equipos para Ecuador Tv, el canal de televisión pública, y en el segundo informe hizo mención a otro de la Contraloría sobre las pérdidas que ha generado ese medio de comunicación en estos años (ver una síntesis en notas inferiores)

Sin embargo, en las denuncias hechas por Escala hay también una serie de reparos hacia Enrique Arosemena, quien es presidente ejecutivo del canal estatal y responsable de la administración de los canales incautados Gama TV y TC Televisión.

Así, el asambleísta Escala solicitó el 11 de enero de 2012 a la Contraloría que certificara en qué notaría se encuentran las declaraciones patrimoniales juradas de Arosemena de los años 2007, 2008, 2009 y 2010.

Recibió el 24 de enero de 2012 la respuesta firmada por el contralor Carlos Pólit, mediante Oficio 01708 DAEPC de la Dirección de Asuntos Éticos y Participación Ciudadana. Ahí se señala que Arosemena presentó su declaración juramentada de bienes el 6 de junio de 2011 ante la Notaría 37 del cantón Quito.

Eso lleva a Escala a concluir que no cumplió con ese requisito legal obligatorio (de presentar sus declaraciones) para ejercer cargos públicos. Y, según el análisis del documento entregado por Arosemena, el funcionario incurre en el delito de perjurio, porque no declaró las supuestas deudas que mantiene con los bancos Bolivariano y de Machala, que ascienden a $44 730,88.

Estas deudas habrían hecho que afronte procesos legales, según información que reposa en las cortes del Guayas y Pichincha. De acuerdo con la Justicia, los delitos datan de 2004 y 2008 y son $10 269,31 por pago de obligaciones al primer banco y de $34 461,07 al segundo.

Pero estos no serían los únicos procesos que tiene en su contra. En 2011, el Juzgado Tercero de lo Civil de Pichincha, ante el incumplimiento de la orden judicial, planteó un proceso por insolvencia, por el cual se ordenó la ocupación y el depósito de los bienes, libros, correspondencia y más documentos del demandado para que se entreguen al síndico nombrado.

Escala dijo que, pese a esto, Arosemena continúa en sus funciones de manera arbitraria.

También reclama a Pólit por no sancionarlo por no haber presentado su declaración de bienes y señala que, además, no acredita título de tercer nivel que se exige para su cargo.

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/no-declaro-bienes-por-cuatro-anos-544883.html